Sorpresas regulatorias

Alberto Etchegaray

Harta agua ha corrido bajo el puente en materia de regulación financiera estas últimas tres semanas. Harto que comentar.



Primero, se entregó el informe de la Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera, la Comisión Desormeaux. El susto de la crisis financiera vivida hace unos años por los mercados más desarrollados fue argumento suficiente para que el Ministerio de Hacienda pidiera a un grupo de expertos revisar la institucionalidad y coordinación de las entidades supervisoras.

En lo medular, se propone modificar la actual institucionalidad de la SVS y la SBIF para dar paso a (i) una Comisión de Solvencia, encargada de la solvencia de las entidades, aglutinando supervisión a bancos y compañías de seguros; y (ii) una Comisión de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor que, conjugando tareas de la SVS y del Sernac, sería la encargada de supervisar la conducta de agentes del mercado financiero.

La primera sorpresa es que la Comisión desechó la posibilidad que las AFP quedaran reguladas bajo la Comisión de Solvencia. Existiendo mismo criterio de regulación -la solvencia- no se entiende la justificación para no haberlos incluido.

La segunda sorpresa vino de manos del gobierno. Y es que a pesar que la Comisión Desormeaux sabiamente recomendó unificar las funciones de protección al consumidor financiero de la SVS y el Sernac, el gobierno optó finalmente por mantenerlas separadas. Dos posibles razones para tan cuestionable decisión: o se impuso la lógica del celo institucional (como sabemos, el Sernac depende del Ministerio de Economía) o derechamente existió temor a crear una entidad supervisora empoderada.

Pero la tercera sorpresa es, quizás, la que provocará más discusión en los próximos meses. Ocurre que la Comisión hace una recomendación completamente alineada con la nueva legislación norteamericana Dodd-Frank: generar un Consejo de Estabilidad Financiera, encargado de coordinar las acciones para evitar riesgo sistémico en situaciones de crisis en nuestro mercado. Estaría integrada por el ministro de Hacienda; el presidente del Banco Central; y los presidentes de las comisiones de Solvencia, de Conducta de Mercado y de Pensiones. Con todo, el consejo se quedó corto en la propuesta de institucionalidad y no definió quién presidirá este consejo, como sí lo resuelve el modelo norteamericano, que lo radica en el secretario del Tesoro porque es el dueño de la billetera fiscal. Y no es menor esta definición, porque a mayor claridad de funciones, mayor posibilidad de ejercer accountability respecto de estas autoridades.

Pero nos sorprendemos al enterarnos que el Banco Central, más que valorar la instalación de este consejo que favorecería la estabilidad financiera, hace públicamente presente sus resquemores por considerar que es una amenaza al carácter independiente de su función. Se entiende que a nadie le gusta que se le metan sin permiso en su jardín. Pero extraña que el Central mire el jardín privado cuando, más bien, estamos hablando de cuidar entre todos y con esmero la plaza pública.